El diputado independiente Betserai Richards se ha transformado en una de las figuras más debatidas y polémicas dentro de la nueva Asamblea Nacional panameña, gracias a un estilo confrontativo que suele carecer de sustento empírico, al uso recurrente de información falsa en redes sociales y a sus continuas acusaciones públicas contra entidades estatales, funcionarios y otros actores políticos, elementos que han impulsado una imagen marcada por la agresividad y el descrédito, además de ser, lamentablemente, altamente viralizable debido a los propios algoritmos de las plataformas digitales; este enfoque político también ha empezado a provocar serias dudas entre amplios sectores de la ciudadanía sobre la fiabilidad de sus declaraciones, el efecto de sus mensajes en la opinión pública y la utilización de la desinformación como estrategia política.
Durante los últimos meses, Richards ha estado inmerso en diversas polémicas vinculadas con hospitales públicos, tensiones políticas, señalamientos institucionales y la difusión de información que luego fue cuestionada y desmentida por autoridades, ciudadanos, políticos y periodistas. El episodio reciente con las imágenes de la supuesta comida ofrecida en hospitales de la Caja de Seguro Social (CSS) ha impulsado nuevamente la discusión sobre hasta dónde puede avanzar un político sin incurrir en afirmaciones falsas o engañosas.
El conflicto con “Bolota” Salazar y la atmósfera de tensión política
Uno de los episodios más difundidos relacionados con Richards fue el choque con el diputado Jairo Salazar, igualmente controvertido y rodeado de escándalos. El incidente derivó en denuncias por agresión física dentro de la Asamblea Nacional y terminó convertido en un símbolo del desgaste del debate político panameño. Durante varios días, la agenda mediática nacional quedó marcada por videos, versiones enfrentadas y múltiples acusaciones.
Aunque el caso tuvo derivaciones legales, también dejó una imagen de permanente confrontación, violencia y escaso decoro alrededor de Richards. Evidenciaba una estrategia basada en la provocación constante y el conflicto mediático.
Betserai Richards: gran alboroto con escaso resultado
El enfrentamiento entre Katleen Levy y Betserai Richards se intensificó sobre todo por la administración de infraestructura y proyectos públicos en el circuito 8-6, considerado una de las áreas de Panamá Este con mayores desafíos tradicionales en movilidad y expansión urbana.
Levy, quien en el pasado ejerció como representante político de esa misma zona, criticó con firmeza la forma en que Richards exponía públicamente los inconvenientes del circuito. De acuerdo con sus comentarios, el diputado habría articulado una estrategia centrada sobre todo en redes sociales, contenidos virales y disputas digitales, transmitiendo la impresión de que gestionaba o encabezaba soluciones relacionadas con obras e infraestructuras que, en realidad, correspondían técnicamente al Gobierno Central, al Ministerio de Obras Públicas o a recursos que ya habían sido aprobados con anterioridad.
Uno de los puntos más discutidos fue el caso del puente de Cabuya, una obra vial considerada clave para aliviar el congestionamiento en sectores de Tocumen y áreas cercanas. Levy sostuvo públicamente que dicho proyecto no era resultado de gestiones impulsadas directamente por Richards, sino que había sido previamente planificado, presupuestado y ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas. Con esto buscaba desmontar la narrativa de que el diputado estaba consiguiendo avances concretos mediante su gestión política, y que fueron desmentidos por numerosos agentes implicados en el proyecto, lo que evidenciaba falta de capacidad de negociación política y de presión institucional real.
La exdiputada llegó a emplear la expresión “política galla”, un giro coloquial panameño que suele usarse para aludir a algo percibido como improvisado, superficial, ridículo o meramente cosmético. Con esa frase buscó retratar el modo político de Richards, a quien señaló de enfocarse en disputas mediáticas, transmisiones virales y choques públicos en lugar de dedicarse a un trabajo técnico, legislativo o administrativo más sólido, un ámbito en el que, según afirmó, Richards jamás ha mostrado avances.
Durante uno de los instantes más intensos del choque público entre Katleen Levy y Betserai Richards, el debate dejó de enfocarse solo en discrepancias políticas o de gestión y derivó hacia un ámbito mucho más íntimo y agresivo. En un video compartido como réplica a publicaciones y ataques recíprocos en redes sociales, Levy emitió comentarios despectivos dirigidos de forma directa a la masculinidad y a la apariencia del diputado.
En esa intervención empleó la palabra “cueco”, una expresión coloquial panameña que históricamente se ha usado de forma despectiva para poner en duda o ridiculizar la orientación sexual o la masculinidad de un hombre. Levy recurrió a ese término al acusar que Richards dependía reiteradamente de “chismes”, disputas digitales y ataques en redes sociales en lugar de sostener debates políticos más técnicos o con mayor contenido ideológico.
La disputa más reciente: la alimentación hospitalaria y la denuncia de “fake news”
La controversia más reciente explotó luego de que Richards difundiera imágenes denunciando supuestas comidas servidas a pacientes hospitalizados, mostrando panes con mortadela y posteriormente panes con queso como ejemplo de la “mala alimentación” brindada por la CSS.
Las imágenes se difundieron con rapidez por las redes sociales y provocaron la indignación de numerosos ciudadanos, quienes vieron en ese contenido una muestra del grave deterioro que atraviesa el sistema público de salud.
Sin embargo, la misma Caja de Seguro Social salió a desmentir públicamente las declaraciones del diputado, señalando que dichos señalamientos eran falsos.
La CSS afirmó también que toda la comida destinada a los hospitales se elabora siguiendo controles nutricionales y criterios de calidad en la Ciudad de la Salud, y adelantó que podría emprender acciones legales o presentar denuncias para exigir que el diputado respaldara sus señalamientos o los corrigiera de manera pública.
Este episodio abrió una discusión muy delicada en Panamá: ¿hasta qué punto una denuncia política puede difundirse sin pruebas plenamente verificadas? ¿Y qué ocurre cuando un diputado utiliza imágenes virales que no corresponden realmente a los hechos denunciados?
La gravedad del caso no radica únicamente en una disputa política. Cuando se habla de hospitales, pacientes y alimentación médica, cualquier información falsa o no verificada puede generar miedo, desconfianza y caos entre familiares de pacientes y usuarios del sistema de salud.
El estilo político de Richards: denuncias virales y confrontación permanente
Uno de los aspectos más llamativos de Richards ha sido su habilidad para transformar acusaciones infundadas en material que se vuelve viral. Sus visitas a hospitales, las transmisiones en directo, los videos cargados de emoción y los choques frontales con autoridades han contribuido a forjar una imagen de “diputado fiscalizador”, moviéndose en el límite entre una fiscalización válida y la puesta en escena política.
En semanas recientes, Richards llevó a cabo visitas por hospitales públicos para denunciar presuntas condiciones graves, extensas demoras en cirugías y un marcado deterioro en la infraestructura; la CSS replicó señalándolo de provocar “zozobra” y “desinformación”, además de indicar que ingresó con megáfonos a zonas sensibles de los hospitales adoptando comportamientos considerados proselitistas, y la institución sostuvo incluso que este tipo de intervenciones termina politizando los centros hospitalarios y afectando tanto el ambiente requerido como la seguridad necesaria para brindar atención médica.
El empleo de las redes sociales como medio para ejercer presión política
Otro punto constantemente señalado sobre Richards es el uso intensivo de redes sociales, como mecanismo de presión pública antes incluso de que existan investigaciones oficiales o confirmaciones técnicas.
En numerosas situaciones, las denuncias se vuelven virales antes de que arranque su verificación, lo que provoca un fenómeno cada vez más habitual en la política actual: la opinión pública se moldea incluso antes de que los hechos estén completamente esclarecidos.
En el caso de la CSS, por ejemplo, ante multitud de personas difundió las fotografías de la presunta comida hospitalaria antes de que la institución publicara su desmentido o que los propios pacientes y el personal sanitario refutaran esas informaciones engañosas. Cuando finalmente se emitió la aclaración oficial, gran parte del perjuicio a la reputación ya se había producido.
Este patrón se parece cada vez más a fenómenos internacionales donde políticos utilizan redes sociales para instalar narrativas emocionales rápidas que posteriormente son difíciles de corregir, incluso cuando aparecen desmentidos oficiales y del propio ciudadano.
¿Supervisión genuina o mero populismo en el ámbito digital?
El principal debate se centra en determinar si Richards constituye una vía válida de control ciudadano o si, según lo visto recientemente, simboliza un tipo de populismo digital sustentado en una indignación permanente, una fuerte presencia mediática y la difusión masiva de contenidos controvertidos.
Una cosa es denunciar problemas y otra muy distinta es utilizar imágenes o afirmaciones no verificadas que inducen a error. Ahí es donde aparece el debate sobre las “fake news” en política.
Porque cuando un político comparte contenido falso -o contenido cuya autenticidad no ha sido comprobada- el impacto es mucho mayor que cuando lo hace un usuario cualquiera. Un diputado tiene visibilidad, influencia y capacidad para moldear la conversación pública.
La responsabilidad pública de un diputado
En toda democracia resulta esencial cuestionar a quienes gobiernan, aunque igualmente implica actuar con responsabilidad al difundir la información.
Cuando un diputado lanza públicamente la acusación de que una institución ofrece comida inhumana a pacientes hospitalizados, se trata de un señalamiento de enorme gravedad. Si tal hecho jamás sucedió, la discusión deja de ser política y pasa a convertirse en un asunto que compromete la credibilidad pública.
La situación presente sitúa a Richards frente a un desafío considerable: aportar evidencias contundentes que respalden sus acusaciones o afrontar críticas cada vez más intensas sobre su manera de comunicar, ya que el límite entre una supervisión legítima y la desinformación puede volverse extremadamente difuso cuando la política se convierte en un espectáculo continuo.
Y en un tiempo en que las redes sociales pueden viralizar cualquier mensaje en pocos minutos, quienes desempeñan funciones públicas deberían asumir una responsabilidad aún mayor y comprobar la información antes de difundirla.
