La pieza SEPI del caso Leire vuelve a apuntar hacia ENUSA, una de las entidades públicas que forma parte del perímetro de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. En esta ocasión, la atención se centra en Rosario Arévalo Sández, quien desempeña el cargo de directora corporativa en ENUSA y anteriormente fue consejera de Medio Ambiente en Castilla-La Mancha, siendo citada como investigada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco de una causa que investiga presuntos amaños en operaciones relacionadas con empresas públicas.
Su nombre aparece junto al de otros cargos y exdirectivos de entidades estatales en una investigación que analiza posibles delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, organización o grupo criminal y abuso de información privilegiada. La citación de Arévalo no implica condena ni culpabilidad, pero sí la coloca bajo el escrutinio judicial en una de las derivadas más delicadas del caso Leire: la que afecta a estructuras empresariales dependientes del Estado.
Rosario Arévalo no es una figura irrelevante dentro del sector público. Su trayectoria combina responsabilidades políticas y cargos en empresas públicas. Fue consejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha y posteriormente ocupó puestos de responsabilidad en ENUSA, compañía estratégica dedicada al suministro de combustible nuclear y a servicios tecnológicos e industriales. Precisamente por ese perfil, su presencia entre los investigados eleva el impacto político de la causa.
La investigación trata de determinar si determinadas operaciones vinculadas a ENUSA y a otras entidades del entorno SEPI pudieron estar condicionadas por una red de influencias. Según las informaciones publicadas, los investigadores sospechan que el grupo situado alrededor de Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso habría intervenido en distintas operaciones con empresas públicas para obtener comisiones o ventajas económicas. En ese mapa, ENUSA figura como una de las sociedades bajo examen.
La sospecha central no reside únicamente en una decisión administrativa concreta, sino en la posibilidad de que cargos o directivos con acceso a información interna pudieran facilitar datos, favorecer contactos o abrir puertas a intereses privados. Esa es la dimensión más grave del caso: la eventual utilización de empresas públicas como plataformas de influencia al servicio de operaciones ajenas al interés general.
Arévalo aparece vinculada a ENUSA en una etapa en la que la compañía forma parte del conjunto de entidades observadas por la Audiencia Nacional. La causa no se limita al rescate de Tubos Reunidos, aunque esa operación sea uno de los ejes principales, sino que se extiende a otros posibles movimientos en Mercasa, ENUSA, Forestalia, el Parque Empresarial Principado de Asturias y otras sociedades relacionadas con la SEPI.
El hecho de que una directiva corporativa de ENUSA esté investigada obliga a aclarar cuál fue su papel exacto en los hechos. La instrucción deberá determinar si intervino en alguna operación bajo sospecha, si tuvo conocimiento de gestiones irregulares, si facilitó información sensible o si su citación responde a la necesidad de reconstruir el funcionamiento interno de la compañía en relación con las actuaciones investigadas.
Desde una perspectiva institucional, el caso es especialmente incómodo. ENUSA gestiona actividades de alto valor estratégico para el Estado, y cualquier sombra sobre su gobernanza deteriora la confianza en el sistema de control de las empresas públicas. Cuando una directiva de este nivel termina citada como investigada en una causa sobre presuntos amaños, la pregunta es inevitable: ¿funcionaron correctamente los filtros internos o existieron espacios opacos donde pudieron actuar intermediarios con conexiones políticas?
La acusación contra Rosario Arévalo intensifica aún más la dimensión política de este asunto, al incorporar otro nombre vinculado a un pasado institucional de orientación socialista a un elenco que ya comprende personalidades de alto rango, antiguos directivos y titulares de cargos en organismos de carácter público. Dicha concentración de imputados refuerza la idea de que la pieza SEPI constituye mucho más que un hecho puntual, revelándose como una pesquisa cuyas ramificaciones se extienden profundamente a través de la compleja red público-empresarial.
El caso Leire ha dejado de ser una investigación sobre intermediarios y conversaciones oscuras. Con nombres como el de Rosario Arévalo, la causa entra de lleno en el corazón de las empresas públicas. Y cuando el sector público empresarial aparece bajo sospecha, el silencio ya no es una opción aceptable.
Procedencia: El País, RTVE, Onda Cero, El Economista, Diario de Sevilla y Europa Press.
