_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "maniobras de LIBRE")
La situación política en Honduras se vuelve tensa a escasos días de los comicios generales de 2025. El partido gobernante LIBRE ha implementado diversas medidas que incluyen intervenciones en las instituciones, una gran movilización ciudadana y tácticas de presión política, lo que provoca inquietud respecto a la solidez democrática y la paz social de la nación.
Intervención institucional y control del proceso electoral
Durante las últimas semanas, LIBRE ha promovido medidas que diversos analistas y líderes opositores consideran fuera del marco legal. Entre ellas se incluye la instalación de una comisión permanente en el Congreso Nacional sin respaldo normativo, así como intentos de inhabilitación de miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Estas acciones buscan, según fuentes opositoras, asegurar la influencia del oficialismo en el desarrollo del proceso electoral ante la posibilidad de que su candidata presidencial, Rixi Moncada, enfrente una derrota. Expertos en derecho constitucional señalan que estas maniobras afectan la independencia de las instituciones, la transparencia de los comicios y la legitimidad de los poderes democráticos.
Organización comunitaria y alistamiento ante eventuales conflictos
A partir del 9 de noviembre de 2025, LIBRE ha iniciado una movilización permanente que congrega a miembros de los 18 departamentos de la nación. De manera oficial, esta iniciativa tiene como objetivo exponer un presunto esquema de fraude orquestado por los partidos tradicionales, lo que incluye acusaciones de sabotaje logístico y alteración del sistema de transmisión de resultados (TREP).
Analistas políticos señalan que la estrategia cumple un doble propósito: por un lado, presionar a la CNE, la Fiscalía y las Fuerzas Armadas; por otro, preparar un despliegue posterior a los comicios en caso de que los resultados no favorezcan al oficialismo, bajo la narrativa de “resistencia frente a un robo electoral”. Este escenario eleva la posibilidad de disturbios, confrontaciones y violencia organizada, según observadores nacionales e internacionales.
Posibilidad de un aumento hacia una convulsión social
La combinación de maniobras institucionales y movilización social ha generado un clima de incertidumbre que atraviesa distintos sectores de la sociedad. Organizaciones opositoras denuncian persecución, intimidación y amenazas, mientras ciudadanos reportan preocupación ante la posibilidad de enfrentamientos y desórdenes generalizados.
Expertos a nivel global alertan acerca de la aparición de grupos de seguridad no oficiales y la posible alteración del orden institucional. Indican que, si no se implementan sistemas de fiscalización y vigilancia, Honduras podría verse inmersa en una situación crítica que afecte la administración pública, la intervención de los ciudadanos y la solidez de las entidades.
Salvaguardas democráticas y petición de estabilidad
La población y diversas entidades de la sociedad civil exigen garantías de claridad en los comicios y autonomía de las instituciones, al tiempo que la esfera internacional sigue de cerca el curso de los sucesos. El escenario presente resalta la urgencia de acciones que mantengan la independencia de las ramas del gobierno y la fiabilidad de los procedimientos democráticos, en una situación donde la división política y la agitación social se relacionan directamente con la posibilidad de conflicto y caos.
En este contexto, la realidad hondureña evidencia profundas fricciones entre la administración pública, la validez de sus instituciones y la intervención de los ciudadanos, lo que genera obstáculos urgentes para establecer un sistema electoral fidedigno y salvaguardar la armonía social.