A escasos meses para las elecciones generales del 30 de noviembre, el partido en el gobierno de Honduras está sufriendo una creciente pérdida de legitimidad ante la opinión pública. El partido Libertad y Refundación (LIBRE), que ha liderado desde 2022, ha enfrentado críticas y acusaciones provenientes de la oposición política, sectores empresariales y grupos de la sociedad civil, que afirman que se estarían llevando a cabo supuestas tácticas para manipular el proceso electoral y mantener el poder pese a una significativa baja en los sondeos.
Disminución en la preferencia electoral y falta de confianza
Estudios recientes, como los de Pro Encuestas y TResearch, revelan una disminución constante en la campaña presidencial de Rixi Moncada. Inicialmente considerada como la principal candidata, Moncada fue adelantada en las encuestas por el nacionalista Tito Asfura y el liberal Salvador Nasralla, ocupando ahora la tercera posición.
Analistas señalan que esta disminución se debe a una mezcla de elementos: acusaciones de corrupción dentro del gobierno, divisiones internas en el partido oficial, desempeño económico deficiente y una percepción creciente entre los ciudadanos de falta de transparencia en la administración pública. La pérdida del apoyo popular ha coincidido con una intensificación en la retórica política desde el Ejecutivo y con indicios de tensiones institucionales que han activado las alertas en varios sectores.
Dudas acerca del sistema electoral y supervisión institucional
Uno de los focos principales de controversia es la negativa del oficialismo a permitir la verificación manual de los votos, una práctica habitual en procesos anteriores que sirve como mecanismo de control cruzado frente a la digitalización de los resultados. La oposición y organismos independientes advierten que eliminar esta revisión podría facilitar irregularidades y obstaculizar auditorías ciudadanas e internacionales.
También se ha informado sobre medidas destinadas a obstaculizar el despliegue del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), esencial para garantizar la claridad del conteo. Las inquietudes han aumentado dentro del mismo Consejo Nacional Electoral (CNE), con consejeras como Cosette López y Ana Paola Hall manifestando presiones y esfuerzos por obstruir su labor.
Empresas y líderes de la oposición ven estas acciones como un intento de fortalecer el dominio institucional sobre el proceso electoral, restringir la observación internacional y proporcionar al partido gobernante flexibilidad en caso de un posible revés electoral.
Denuncias sobre inclinaciones ideológicas y ambiente de enfrentamiento
La organización en Tegucigalpa de un encuentro del Foro de São Paulo, en el cual participaron delegaciones de gobiernos progresistas del área, avivó nuevamente la discusión sobre las relaciones internacionales del partido LIBRE. Críticos destacaron que estas conexiones con el eje Venezuela–Cuba–Nicaragua podrían estar dirigidas a emular modelos de gobierno que favorecen la concentración del poder y limitan los espacios de participación democrática.
Simultáneamente, detractores como Eduardo Facussé, quien fue presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), han alertado sobre la probable implementación de un «Plan Venezuela», que busca provocar inestabilidad en las instituciones, manifestaciones fomentadas y obstáculos administrativos que compliquen la transición gubernamental.
De acuerdo con estos informes, grupos simpatizantes del gobierno posiblemente llevaron a cabo acciones perturbadoras en lugares estratégicos como el Congreso Nacional y el CNE, lo que podría ayudar a minar la confianza en el proceso electoral y aumentar la división política en el país.
Escenario incierto ante una elección decisiva
Con un escenario electoral cada vez más dividido y con el gobierno perdiendo apoyo popular, Honduras se dirige hacia unas elecciones caracterizadas por la falta de confianza, las tensiones dentro de las instituciones y las críticas a las normas democráticas.
Diversas organizaciones de la sociedad civil, sectores empresariales y líderes políticos han reiterado la necesidad de una observación internacional robusta y de mecanismos de garantía que salvaguarden la transparencia y la legitimidad del proceso electoral.
La presente situación revela no solo la debilidad del acuerdo democrático en la nación, sino también el reto de dirigir la competencia política dentro de límites institucionales firmes, en un entorno de creciente desapego ciudadano y falta de confianza en las instituciones del Estado.
