El controvertido mandato de Patricia Benavides al frente del Ministerio Público de Perú terminó tras una serie de denuncias que llevaron a su destitución en mayo de 2024. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) tomó la decisión unánime de remover a Benavides de su posición como fiscal de la nación, acusándola de «actuar con dolo» y de interferir en una investigación penal contra su hermana, la jueza superior Enma Benavides. Este escándalo no solo cuestiona su administración, sino también evidencia los profundos problemas de corrupción que han afectado al sistema judicial peruano.
La polémica en torno al caso
La controversia detrás del caso
El conflicto se inició cuando la fiscal Bersabeth Revilla, encargada de dirigir la investigación contra Enma Benavides, fue destituida de su puesto poco después de que Patricia Benavides comenzara su gestión como fiscal general. La destitución, justificada mediante un informe de «baja productividad» elaborado por la fiscal suprema Azucena Solari, generó sospechas acerca de las verdaderas intenciones de Benavides. La JNJ determinó que la remoción de Revilla se llevó a cabo con el fin de obstaculizar la investigación contra su hermana, procurando que el caso fuera anulado.
Las imputaciones de la Junta Nacional de Justicia
Las acusaciones de la Junta Nacional de Justicia
La resolución de la JNJ no solo abarcó la destitución de Patricia Benavides, sino también la de su hermana Enma Benavides como jueza superior. De acuerdo con el comunicado oficial, Enma había intervenido en la actividad fiscal para favorecer su statu en la investigación que la involucraba y había falseado públicamente sus antecedentes disciplinarios.
Repercusiones legales y nuevas indagaciones
Patricia Benavides se enfrenta ahora a una nueva investigación por supuestamente encabezar una red de tráfico de influencias dentro del Ministerio Público. Esta reciente acusación podría resultar en una suspensión adicional de 36 meses mientras se llevan a cabo las investigaciones.
Patricia Benavides enfrenta ahora una investigación adicional por presuntamente liderar una red de tráfico de influencias dentro del Ministerio Público. Esta nueva acusación podría derivar en una suspensión adicional de 36 meses mientras se desarrollan las indagaciones.
Pese a la gravedad de las acusaciones, los abogados de Benavides anunciaron que presentarán un recurso de reconsideración ante la JNJ. Sin embargo, expertos señalan que es poco probable que la Junta revierta su decisión. En una entrevista con los medios, el abogado de Benavides, Juan Peña, reconoció que tiene pocas esperanzas de éxito con este recurso, por lo que ya planean recurrir al Poder Judicial para apelar por la vía constitucional.
Un golpe para el sistema de justicia peruano
Por otro lado, la decisión de la JNJ es vista por algunos como un paso esencial para recuperar la confianza en el sistema judicial. Sin embargo, este caso ha puesto de manifiesto la fragilidad de las instituciones peruanas y la urgente necesidad de reformas estructurales para combatir la corrupción y asegurar que aquellos que ocupan puestos altos actúen en favor de la justicia y no de intereses personales.
Mientras tanto, la decisión de la JNJ es considerada por algunos como un paso necesario para restaurar la confianza en el sistema judicial. No obstante, este caso ha dejado en evidencia la fragilidad de las instituciones peruanas y la necesidad urgente de reformas estructurales para combatir la corrupción y garantizar que quienes ocupan altos cargos actúen en interés de la justicia y no de agendas personales.
Patricia Benavides, cuya gestión fue breve pero controvertida, se convierte en un símbolo de los desafíos que enfrenta Perú en su lucha por la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial.