La Iglesia Católica junto con la Confraternidad Evangélica de Honduras han anunciado una marcha a nivel nacional a favor de la paz, programada para el 16 de agosto de 2025, en un entorno caracterizado por el aumento de la polarización política y la desconfianza de los ciudadanos. Con el lema “Caminamos con fe y esperanza”, el objetivo de la convocatoria es realizar un llamado conjunto en pro de la justicia, la vida y el respeto al Estado de derecho.
La propuesta constituye un evento poco común en la historia moderna del país: es la primera ocasión en muchos años que ambas entidades religiosas promueven de manera conjunta una acción de tal envergadura, como respuesta a la violencia, la degradación institucional y la tensión antes de las elecciones que el país experimenta.
Opiniones de la iglesia y propósito de la movilización
Los convocantes del evento han enfatizado la naturaleza pacífica y neutral de la manifestación. En declaraciones públicas, tanto figuras católicas como evangélicas han indicado que el propósito fundamental es expresar un compromiso ciudadano con la armonía social y la convivencia democrática, sin asociación con agendas políticas.
La convocatoria se presenta como un espacio para exigir respeto a los derechos fundamentales, particularmente ante la escalada de violencia y la crisis en el sistema político-institucional. La participación abierta a toda la ciudadanía, según los convocantes, pretende fortalecer un mensaje de unidad nacional frente a la fragmentación política.
Quejas sobre intentos de influencia política
En los días anteriores al evento, hubo comentarios por parte de grupos religiosos y organizaciones de la sociedad civil respecto a supuestas intenciones del partido Libertad y Refundación (LIBRE) de influir en la manifestación con objetivos proselitistas. De acuerdo con los organizadores, se identificaron llamados en redes sociales realizados por grupos vinculados al oficialismo para participar en la marcha llevando lemas o frases identificadas con el partido.
Frente a esta situación, representantes eclesiásticos han manifestado su firme oposición a cualquier uso político. Han solicitado claramente a los miembros de partidos que eviten llevar emblemas o señales que puedan desviar el carácter cívico del evento. Igualmente, instaron a no fomentar conflictos que pudieran distorsionar el objetivo principal de la iniciativa.
Aunque algunas voces dentro del oficialismo han respaldado la convocatoria y expresado su disposición a respetar sus lineamientos, también persisten las dudas sobre la capacidad de mantener el carácter apolítico del evento en un clima altamente polarizado.
Contexto político y desafíos para la institucionalidad
La citación tiene lugar en un período de intensificación de la tensión política. La nación avanza hacia otro proceso de elecciones, aunque todavía hay dudas en torno a la neutralidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la claridad en la gestión del proceso. En las últimas semanas, las disputas entre organizaciones políticas se han intensificado, con intercambios de acusaciones de obstrucción y esfuerzos por influir en las instituciones.
En este escenario, la marcha por la paz se presenta como una respuesta simbólica frente al desgaste de la institucionalidad y la falta de confianza ciudadana en los mecanismos democráticos. Voces religiosas han llamado a defender el orden constitucional y a retomar una agenda de diálogo nacional, alejada de intereses sectarios.
Desde el lado contrario, algunos líderes han señalado que el partido gobernante podría estar tratando de usar eventos de carácter civil para restaurar su legitimidad frente a una población más escéptica. Las iglesias, en cambio, han subrayado que el propósito de la movilización es prevenir esas situaciones y enfocar la atención en la importancia de la reconciliación en el país.
Un llamado ciudadano en medio de incertidumbre política
La marcha del 16 de agosto se perfila como un hito en la coyuntura hondureña, no solo por la participación conjunta de las principales iglesias, sino por el trasfondo político que la atraviesa. Las advertencias sobre su posible cooptación reflejan el nivel de tensión que enfrenta el país y la fragilidad de sus instituciones frente a los procesos ciudadanos.
La jornada representa un esfuerzo por abrir espacios de expresión colectiva en un entorno marcado por la confrontación y la desconfianza. La forma en que se desarrolle y cómo sea recibida por los actores políticos podría ofrecer indicios sobre la viabilidad de acuerdos amplios en el futuro cercano, en un contexto donde la estabilidad democrática depende cada vez más del compromiso ciudadano y de la integridad de sus instituciones.
