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La aprobación reciente de cambios al Código Penal en Honduras ha suscitado preocupación en varios sectores sociales y políticos del país. Estas enmiendas se han considerado como una transformación significativa en el marco jurídico que regula las manifestaciones sociales, especialmente en el contexto de las próximas elecciones generales previstas para el 30 de noviembre de 2025. El debate se ha intensificado por la percepción de que estos cambios podrían emplearse para restringir el derecho a manifestarse y la libertad de expresión, derechos esenciales en toda democracia.
El Congreso Nacional introdujo cambios que agravan las penas para delitos vinculados a la protesta social, destacando la adición del artículo 378-A. Esta disposición establece que cualquier acción de protesta ejercida por dos o más personas puede conllevar un aumento de la pena de prisión, que pasa a ser de seis a diez años, además de la inhabilitación absoluta. Organizaciones de derechos humanos y representantes de la sociedad civil han manifestado su preocupación por el posible uso de estas reformas para criminalizar manifestaciones pacíficas y restringir las libertades de reunión y expresión.
Cambios en las leyes penales y su efecto en la protesta social
Las modificaciones al Código Penal han suscitado críticas de entidades tanto nacionales como internacionales. El aumento de las penalidades para aquellos involucrados en manifestaciones colectivas ha sido percibido como un potencial método para desalentar la movilización social. Entidades defensoras de los derechos humanos argumentan que estas normativas podrían utilizarse para restringir la participación social y el uso de derechos esenciales. La alarma se intensifica considerando la posibilidad de que estas normativas se usen en escenarios de tensión política o electoral, donde las protestas ciudadanas suelen incrementarse.
La experiencia de las elecciones de 2017, en las que se reportaron detenciones arbitrarias y represión de manifestantes, refuerza el temor de que situaciones similares puedan repetirse bajo el nuevo marco legal. En este contexto, la sociedad civil y actores políticos han advertido sobre el riesgo de que la criminalización de la protesta se convierta en una herramienta para controlar la disidencia y restringir la participación ciudadana en procesos políticos clave.
Respuestas globales y solicitudes de reconsideración
La inquietud por el efecto de estas modificaciones ha cruzado las fronteras del país. Instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) han manifestado preocupación por las nuevas normativas del Código Penal de Honduras. Ambas organizaciones han solicitado al Gobierno revisar las enmiendas para garantizar que no se afecten los derechos esenciales de la ciudadanía.
En este escenario, se destaca la importancia de garantizar el respeto a los derechos humanos y evitar que la legislación penal sea utilizada como instrumento para reprimir la disidencia y las manifestaciones pacíficas. El debate sobre el alcance y la aplicación de estas reformas continúa abierto, mientras diversos sectores insisten en la necesidad de revisar el marco legal para asegurar la protección efectiva de las libertades fundamentales en Honduras.