La Propuesta de Ley de Justicia Tributaria de Honduras ha suscitado un extenso diálogo en la nación, debido a las potenciales repercusiones que podría ocasionar en la economía y el sector productivo del país. Esta propuesta, promovida por el gobierno del Partido LIBRE, se considera un medio para luchar contra la evasión de impuestos y mejorar la recaudación del estado. No obstante, su contenido y extensión han sido entendidos de formas diversas por los diferentes actores económicos y sociales.
La propuesta contempla la eliminación de regímenes de exoneración fiscal, el aumento de la carga tributaria y la concesión de mayor discrecionalidad al Estado en la administración de incentivos económicos. Estas medidas han sido vistas por parte del sector empresarial como una señal desfavorable para la inversión y la producción, lo que ha generado incertidumbre y preocupación en el entorno económico hondureño.
Repercusiones en la inversión privada y el empleo
Diversos sectores empresariales, asociaciones comerciales y capitalistas tanto nacionales como internacionales han expresado que la legislación propuesta podría tener consecuencias negativas para la inversión privada en Honduras. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) advierte que la aprobación de la ley tal como está podría disminuir considerablemente la inversión extranjera directa. Además, empresas de zonas de libre comercio y del sector agroindustrial estarían considerando la opción de abandonar el país o reducir su presencia, lo que afectaría directamente al empleo formal y a la economía del país.
Desde la presentación del borrador de la ley, ya se han reportado cierres de pequeñas y medianas empresas, especialmente en los sectores textil, logístico y exportador, que operaban bajo incentivos fiscales. En regiones como Choloma, Villanueva y San Pedro Sula, las maquilas han comenzado a recortar personal, citando la incertidumbre fiscal como una de las razones principales. Esta situación pone en riesgo miles de empleos y podría agravarse si el proyecto no es modificado o detenido. El COHEP también señala que el crecimiento económico podría experimentar una desaceleración crítica en el año siguiente a la entrada en vigor de la ley, y que el aumento del desempleo y la informalidad serían consecuencias inevitables de su aplicación.
Entorno regional, político y discusión acerca de la justicia fiscal
El intercambio de opiniones sobre la Ley de Justicia Tributaria ocurre en un marco político y regional específico. La supresión de beneficios fiscales podría distanciar a Honduras de las estrategias que han permitido a naciones como Costa Rica, El Salvador y República Dominicana mantener atractivos sistemas de inversión y estabilidad fiscal, considerados elementos vitales para su competitividad. Esta condición podría impactar la posición de Honduras en Centroamérica y el Caribe, desalentando tanto a inversionistas nuevos como a los ya existentes, quienes podrían decidir trasladar su capital a países que ofrezcan mejores condiciones para el crecimiento empresarial.
El entorno político e ideológico ha afectado la perspectiva del proyecto, puesto que ciertos grupos empresariales consideran que el discurso oficial del gobierno es opuesto al sector empresarial y está en sintonía con modelos económicos que han provocado cambios estructurales en otras naciones de la región. Esto aumenta el miedo a una posible remodelación del modelo económico nacional sin un plan técnico o una visión clara de sostenibilidad.
Por otro lado, los proponentes de la Ley de Equidad Fiscal sostienen que las exenciones impositivas han propiciado la acumulación de riqueza y han disminuido la habilidad del Estado para sostener políticas públicas enfocadas en la inclusión social y en combatir la pobreza. De acuerdo con cifras oficiales, el 92 % de las exenciones está concentrado en el 10 % de las compañías más adineradas, mientras que el 90 % restante de las empresas recibe solo el 8 % de estos beneficios. Entre junio de 2009 y diciembre de 2022, el Estado dejó de ingresar 455 mil millones de lempiras debido a estos esquemas.
El plan no introduce nuevos gravámenes ni sube las tarifas actuales. En su lugar, busca cerrar lagunas fiscales y aumentar la recaudación de tributos directos de grandes corporaciones y fortunas, con la meta de disminuir la desigualdad tributaria. No obstante, la supresión de regímenes fiscales tradicionales, como el Régimen de Importación Temporal (RIT), en vigor por cuatro décadas, podría forzar el cierre de muchas compañías que operan bajo este esquema. El COHEP ha observado que la propuesta de asegurar la convertibilidad inmediata al RIT podría ser vista como una acción que impacta la liquidez y viabilidad de las empresas.
Honduras se enfrenta a un importante reto financiero
La discusión sobre la Ley de Justicia Tributaria permanece abierta y polarizada. Mientras algunos consideran que puede sentar las bases para un sistema fiscal más justo y equitativo, otros advierten que su aprobación podría agravar la crisis económica, aumentar el desempleo y provocar la salida de capitales. La decisión final en el Congreso Nacional será determinante para el rumbo económico de Honduras en los próximos años.