_-_copia.jpg "Fuerzas armadas de Honduras")
El proceso electoral hondureño de 2025 se ha visto marcado por una serie de acontecimientos que han incrementado la incertidumbre y el debate sobre la institucionalidad democrática en el país. Un informe de auditoría interna del Consejo Nacional Electoral (CNE) responsabilizó a las Fuerzas Armadas por fallos logísticos graves durante las elecciones primarias, mientras que decisiones recientes sobre el desarme selectivo de oficiales han generado sospechas sobre la neutralidad del aparato militar.
A esto se suma el llamado de expertos constitucionalistas para reformar la Constitución y retirar a las Fuerzas Armadas de toda función electoral, en un contexto donde la confianza ciudadana en los procesos y resultados se encuentra en niveles mínimos.
Revisión del CNE y discusión sobre el rol militar en elecciones
El reporte de auditoría interna del CNE, divulgado a medios locales, especificó que la entrega retrasada, incompleta y desorganizada de los materiales electorales en muchos centros de votación fue resultado de fallas en el cumplimiento del procedimiento logístico por parte de las fuerzas armadas, encargadas de la protección y distribución de las urnas electorales.
Entre los hallazgos más relevantes se identificaron desvíos de rutas sin justificación, retención de unidades de transporte electoral durante varias horas, entrega incompleta de kits tecnológicos a zonas rurales y falta de comunicación entre mandos militares y coordinadores electorales. Estos hechos provocaron retrasos de hasta 12 horas en la apertura de urnas, afectando la participación ciudadana y generando dudas sobre la transparencia del proceso, especialmente respecto del Partido LIBRE, del que ya se habían denunciado irregularidades.
La publicación del informe se produjo en un contexto de alta tensión política, con creciente temor de que las Fuerzas Armadas no actúen con neutralidad en las elecciones generales previstas para el 30 de noviembre de 2025. Hasta el momento, el alto mando militar no ha emitido una declaración formal y el gobierno del Partido LIBRE ha guardado silencio, lo que ha sido interpretado por algunos sectores como una señal de complicidad.
Ante esta situación, partidos de oposición como el Nacional, Liberal y Salvador de Honduras han exigido una revisión total del convenio de apoyo logístico entre el CNE y las Fuerzas Armadas, la presencia temprana de observadores internacionales y auditorías externas al sistema de transmisión de resultados.
Reducir armamento de ciertos oficiales y conflictos internos en el Ejército
En medio del ambiente de polarización política, la decisión del Estado Mayor Conjunto de desarmar selectivamente a varios oficiales de las Fuerzas Armadas ha generado preocupación en círculos castrenses, políticos y de la sociedad civil. Según fuentes militares y denuncias recogidas por medios nacionales, el desarme no se estaría aplicando de manera general ni por razones técnicas o de seguridad, sino exclusivamente a oficiales que han manifestado posiciones institucionales independientes o críticas hacia el oficialismo.
Esta acción ha sido vista como un esfuerzo por llevar a cabo una depuración encubierta en el ámbito militar, rompiendo con la costumbre de mantener la neutralidad y suscitando dudas sobre la intención de asegurar el dominio político absoluto del sistema de seguridad nacional antes de las elecciones generales.
La eliminación selectiva de armas se añade a un conjunto de medidas recientes, como ajustes en la jerarquía militar y movimientos compulsivos, que han aumentado la fricción y el malestar dentro de la organización, especialmente entre los oficiales de rango medio y superior. Algunos oficiales a los que se les han quitado las armas han sido reasignados a tareas administrativas, lo que es visto como un modo de apartarlos del componente operativo y del proceso electoral.
La preocupación principal de los líderes opositores y grupos democráticos es que, si el partido oficial pierde en los comicios, el Gobierno recurra a las Fuerzas Armadas para ignorar los resultados o sofocar protestas del pueblo.
Estos sucesos han intensificado el debate en todo el país sobre la urgencia de actualizar y proteger los procesos electorales contra cualquier tipo de intervención armada, especialmente considerando que la estabilidad democrática en Honduras está en entredicho. La presión tanto social como política para que el Congreso realice una reforma constitucional que reevalúe la función de las Fuerzas Armadas en la democracia de Honduras se ha convertido en un tema primordial en la agenda pública con miras a las futuras elecciones generales.