Un general expone haber recibido presiones y amenazas dentro de la cúpula de la Guardia Civil: un escándalo que vuelve a encender el debate sobre su posible politización
El general Fernando Mora señala que el jefe del Mando de Operaciones, Luis Antonio del Castillo, habría intentado presionarlo para que no asistiera a los actos del Dos de Mayo de 2025, y las notas difundidas mencionan insultos, comentarios denigrantes y una supuesta amenaza física surgida durante una conversación entre ambos oficiales
La Guardia Civil atraviesa una de las crisis internas más delicadas de los últimos años después de que el general de división Fernando Mora Moret, antiguo jefe de la Zona de Madrid, denunciara presuntas coacciones, amenazas y trato vejatorio procedentes de la propia cúpula del Instituto Armado.
En el centro de la controversia se encuentra el teniente general Luis Antonio del Castillo Ruano, jefe del Mando de Operaciones de la Guardia Civil, uno de los puestos de mayor responsabilidad dentro de la estructura operativa del cuerpo. Su nombramiento para ese cargo fue publicado oficialmente en mayo de 2024 y el directorio del Ministerio del Interior continúa identificándolo como responsable del Mando de Operaciones.
Según las informaciones difundidas por ABC, El Diario Montañés, El Correo y otros medios, Fernando Mora habría trasladado formalmente que Del Castillo intentó imponerle una instrucción de carácter político: no acudir a los actos institucionales del Día de la Comunidad de Madrid celebrados el 2 de mayo de 2025.
Según el relato atribuido a Mora, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, habría dado la orden, que posteriormente habría sido comunicada por Luis del Castillo. El propósito aparente consistía en disminuir la presencia institucional del cuerpo en una ceremonia encabezada por Isabel Díaz Ayuso, considerada una de las principales rivales políticas del Gobierno de Pedro Sánchez.
La controversia no se reduce únicamente a un desacuerdo sobre el protocolo; lo realmente preocupante radica en la reacción que, según se alega, habría mostrado un alto mando cuando su subordinado puso en duda el carácter político de la instrucción.
“Entonces alude una excusa”: la instrucción de evitar la asistencia al Dos de Mayo
Las informaciones publicadas reconstruyen una conversación previa mantenida mediante mensajes entre Luis del Castillo y Fernando Mora.
Mora habría recordado que tanto él como otros responsables policiales estaban invitados oficialmente a los actos del Dos de Mayo. Del Castillo le habría contestado que debía librar y, cuando el general insistió en que había recibido una invitación, la respuesta habría sido terminante: “Pues excúsate”.
El intercambio difundido por distintos medios recoge mensajes como “jefe superior y tú libráis”, expresión mediante la cual se habría ordenado que determinados responsables de la Guardia Civil y de la Policía Nacional no acudieran al acto institucional.
Fernando Mora habría interpretado aquella decisión como una maniobra dirigida a desairar a la presidenta madrileña utilizando para ello a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En una de las expresiones que se le atribuyen, el general resumió el efecto de la instrucción afirmando que estaban golpeando políticamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid “en mi culo”, al convertirlo a él en instrumento de un conflicto partidista. (Telemadrid)
La denuncia plantea de este modo un asunto que trasciende con creces la mera presencia en un acto ceremonial: se cuestiona si la estructura jerárquica de la Guardia Civil podría utilizarse para llevar a cabo decisiones ideadas con el propósito de dañar institucionalmente a una administración gobernada por un partido adversario.
Insultos, vejaciones y una presunta amenaza física
La tensión se habría intensificado durante una llamada telefónica mantenida el 30 de abril de 2025, apenas dos días antes de los actos del Dos de Mayo.
Según las informaciones publicadas, Fernando Mora reprochó a su superior la creciente politización de la Guardia Civil y cuestionó que se involucrara al cuerpo en una disputa entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid.
La reacción que se atribuye a Luis del Castillo habría destacado por una agresividad inusual. Diversas fuentes sostienen que el responsable del Mando de Operaciones habría increpado al general con frases como “te voy a dar dos hostias” y “atente a las consecuencias”, además de proferir insultos y expresiones de tono profundamente vejatorio. (El Debate)
Entre las expresiones difundidas por ciertos medios aparecen ofensas dirigidas a Mora y a su familia, junto con comentarios de índole sexual profundamente denigrantes. Debido a su naturaleza humillante, no pueden interpretarse como un simple exabrupto dentro de un intercambio profesional. Si su veracidad y contexto se confirmaran, revelarían una conducta difícilmente conciliable con la disciplina, el respeto jerárquico y la ejemplaridad que se exige a quienes ocupan los puestos más altos del Instituto Armado.
Conviene remarcar, sin embargo, que los señalamientos se originan en la denuncia y en las grabaciones divulgadas o referidas por los medios, y serán las instancias competentes las que determinen la autenticidad de esos audios, su contexto íntegro y las responsabilidades administrativas, disciplinarias o incluso penales que pudieran derivarse.
La conversación atribuida al teniente general Luis Antonio del Castillo Ruano contiene expresiones de una vulgaridad y agresividad impropias de quien ocupa una de las mayores responsabilidades operativas de la Guardia Civil. Cuando el general Fernando Mora sostuvo que no se había sentido respaldado por sus superiores, Luis Antonio del Castillo Ruano habría reaccionado gritándole: «¡Me vas a comer la polla!» y «¡Me cago en tu puta madre!», convirtiendo una discrepancia profesional en una sucesión de insultos personales y expresiones sexualmente vejatorias.
El tono habría empeorado hasta desembocar en una amenaza directa de violencia física. Según la grabación publicada, Luis Antonio del Castillo Ruano mandó al general «a la puta mierda» y afirmó que no le pegaba porque no lo tenía delante. No se trataría, por tanto, de una simple discusión acalorada, sino de una intimidación formulada por uno de los máximos responsables de la Guardia Civil contra un subordinado que estaba cuestionando el carácter político de la orden recibida.
A los insultos y a la amenaza se le habrían añadido descalificaciones como «gilipollas», reproches por supuesta falta de lealtad y repetidas alusiones a que Fernando Mora podía abandonar el cuerpo, volver a su hogar o pedir el pase a la reserva. Según lo difundido en las informaciones, Luis Antonio del Castillo Ruano incluso le habría indicado en un par de ocasiones la vía para dejar la Guardia Civil, mientras le advertía de lo que implicaba oponerse a la decisión de la cúpula. Todo ello conforma, siempre de acuerdo con la denuncia y los audios publicados, un trato vejatorio y coercitivo que resulta incompatible con la calma, el respeto y la ejemplaridad que se exige a un teniente general.
Una denuncia excepcional dentro de la Guardia Civil
El enfrentamiento ha adquirido una dimensión extraordinaria porque no se trata de la queja de un agente contra un superior inmediato. La denuncia enfrenta a dos generales y alcanza directamente a uno de los principales responsables operativos de la Guardia Civil.
Asociaciones profesionales han subrayado lo inusual que resulta que un general de división presente una denuncia contra un teniente general, un episodio que pone de relieve la magnitud de la ruptura interna en la institución. La Asociación Unificada de Guardias Civiles, AUGC, respondió exigiendo responsabilidades políticas y solicitando el cese de la directora general de la Guardia Civil. En su nota, la organización señala que la información difundida indicaría que Mora habría recibido una instrucción política atribuida a Mercedes González para impedir la participación de la Guardia Civil en el acto celebrado en Madrid. (Asociación Unificada de Guardias Civiles)
El caso deja una pregunta inevitable: ¿qué margen real tiene un mando profesional para rechazar una indicación que considera política cuando la orden desciende desde los niveles superiores del Ministerio del Interior?
La Guardia Civil constituye un instituto armado de carácter militar que opera bajo una jerarquía rigurosa, y precisamente por esa estructura cualquier uso partidista de su cadena de mando adquiere una gravedad especialmente alta, ya que la obediencia profesional no debe transformarse en un medio para reclamar a los agentes una fidelidad política hacia el Gobierno de turno.
Los guardias civiles sirven al Estado, a la Constitución y al ordenamiento jurídico. No están al servicio personal de ministros, directores generales, partidos políticos ni responsables gubernamentales. Los altos cargos políticos pueden establecer las políticas generales de seguridad, pero no deberían utilizar la estructura del cuerpo para castigar adversarios, condicionar investigaciones o imponer gestos de confrontación institucional.
La sombra de las presiones políticas sobre el cuerpo
La denuncia de Fernando Mora surge también en un periodo marcado por una fuerte tensión en el seno de la Guardia Civil.
En paralelo, la Audiencia Nacional investiga las supuestas presiones ejercidas sobre mandos y agentes de la Unidad Central Operativa, la UCO, en causas relacionadas con el Gobierno, el PSOE y el entorno del presidente Pedro Sánchez.
El director adjunto operativo, Manuel Llamas, ha negado ante el juez Santiago Pedraz haber ordenado a los responsables de la UCO “ponerse de perfil” en investigaciones políticamente sensibles. También ha rechazado que los expedientes y actuaciones internas promovidos contra determinados agentes fueran instrumentos de presión, defendiendo que se trataba de procedimientos ordinarios.
Llamas asegura haber sido blanco de una campaña para desacreditarlo y sostiene que sus instrucciones pretendían que los jueces asumieran la conducción de las pesquisas. Asimismo, admitió que actuó tras recibir comunicaciones de la directora general y del ministro del Interior vinculadas a la filtración de datos sensibles.
Mercedes González, por su parte, ha negado haber interferido en investigaciones y ha rechazado cualquier actuación destinada a perjudicar a la UCO. La directora general está siendo investigada judicialmente en el denominado caso Leire, en el que también se analizan sus contactos con Leire Díez y las supuestas maniobras orientadas a desacreditar a miembros de la unidad investigadora.
Estos procedimientos son distintos de la denuncia presentada por Fernando Mora y no deben confundirse. Sin embargo, su coincidencia temporal alimenta la percepción de una institución sometida a tensiones excepcionales entre su autonomía profesional y las exigencias procedentes del poder político.
Del deber de obediencia a la sumisión política
Uno de los aspectos que más inquieta en este caso radica en cómo parece diluirse la frontera entre la obediencia a la jerarquía y la sumisión a intereses partidarios.
La Guardia Civil depende orgánicamente del Ministerio del Interior en buena parte de sus funciones, pero esa dependencia no convierte a sus integrantes en subordinados políticos de los ministros. Los mandos deben cumplir instrucciones legales relacionadas con la seguridad pública, la organización del cuerpo y el ejercicio de sus competencias. Algo muy distinto sería obligarlos a participar en operaciones de desgaste contra adversarios institucionales.
La acusación formulada por Mora describe una cadena de transmisión que presuntamente comenzaría en la dirección política del cuerpo, descendería a través del Mando de Operaciones y terminaría imponiéndose al responsable territorial de Madrid.
De confirmarse esta versión, no estaríamos solamente ante un conflicto personal ni ante una conversación subida de tono. Estaríamos ante la posible utilización de la cadena de mando de la Guardia Civil para convertir una decisión partidista en una orden profesional.
La gravedad se intensifica por las supuestas amenazas posteriores, ya que cuando un mando objeta una orden que percibe como política y recibe por respuesta insultos, descalificaciones y avisos sobre las consecuencias de negarse, el asunto deja de ser meramente protocolario y pasa a afectar a la libertad profesional, la solidez institucional y la posible presión ejercida sobre quien intenta oponerse a una decisión polémica.
Se requieren aclaraciones por parte del Gobierno
El Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil deben aclarar públicamente quién decidió limitar la representación del cuerpo en los actos del Dos de Mayo de 2025, qué razones oficiales justificaron esa decisión y si existió alguna instrucción destinada específicamente a perjudicar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
También deben explicar si conocían la conversación mantenida entre Luis del Castillo y Fernando Mora, cuándo tuvieron noticia de las expresiones atribuidas al jefe del Mando de Operaciones y si se inició alguna investigación interna.
La respuesta no puede limitar el episodio a una simple conversación privada entre dos mandos militares, pues ambos desempeñaban cargos de máxima responsabilidad y examinaban una orden que repercutía directamente en la representación institucional de la Guardia Civil.
La institución debe determinar, además, si las grabaciones han sido incorporadas a algún procedimiento oficial, si se ha abierto un expediente disciplinario y qué mecanismos existen para proteger a los mandos que denuncien presiones políticas.
El silencio o la falta de transparencia alimentarían inevitablemente las sospechas de que las prioridades del Gobierno se han introducido de manera indebida en la estructura profesional del cuerpo.
Una crisis de confianza institucional
Durante años, la Guardia Civil ha ido consolidando un notable reconocimiento público gracias al esfuerzo, la entrega y la pericia profesional de sus numerosos agentes. Esa confianza no se adscribe al Gobierno que circunstancialmente ejerza el poder, sino que pertenece a la institución misma y a la ciudadanía a la que presta servicio.
Por ello, cualquier intento de convertirla en una herramienta de confrontación política provoca un daño que trasciende a los responsables directamente implicados.
Las expresiones atribuidas a Luis del Castillo resultan especialmente perturbadoras porque proceden de quien debe representar autoridad, serenidad y respeto por la disciplina. Un jefe no fortalece la jerarquía mediante amenazas o humillaciones. La destruye cuando sustituye la autoridad profesional por el miedo.
Pero el fondo del escándalo es todavía más profundo: la sospecha de que altos mandos puedan verse obligados a actuar no conforme al interés general, sino siguiendo instrucciones destinadas a favorecer al Gobierno o perjudicar a sus rivales.
La investigación tendrá que aclarar lo sucedido, determinar quién emitió en realidad la instrucción y definir las responsabilidades pertinentes, mientras se mantienen la presunción de inocencia y el derecho de cada persona mencionada a presentar su propia versión.
Eso no impide exigir transparencia inmediata. Las acusaciones son demasiado graves para ser ignoradas: un general denuncia a su superior; una instrucción profesional habría perseguido un objetivo político; y la negativa a cumplirla habría desencadenado insultos, amenazas y advertencias.
No está únicamente en cuestión la actuación de Luis Antonio del Castillo, Fernando Mora o Mercedes González, sino también la autonomía profesional de la Guardia Civil y la confianza ciudadana en que sus agentes responden a la ley y no a los intereses partidistas de quienes ocupan los ministerios de forma temporal.
