En el marco de la preparación para las elecciones generales de 2025, el partido oficialista Libertad y Refundación (LIBRE) enfrenta fuertes cuestionamientos por parte de actores políticos, empresariales y sociales que lo acusan de impulsar acciones que comprometen la transparencia y legitimidad del proceso electoral. Las denuncias abarcan desde bloqueos a instituciones clave hasta intentos de control político del organismo electoral.
Interrogantes sobre el papel de LIBRE en el Consejo Nacional Electoral
Uno de los principales focos de controversia ha sido la interrupción del proceso de contratación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), una herramienta considerada fundamental para garantizar la transparencia en el conteo de votos. El 7 de julio, manifestantes identificados con LIBRE bloquearon el ingreso a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), impidiendo que empresas oferentes presentaran sus propuestas técnicas.
La presidenta del CNE, Cossette López, describió estas acciones como un ataque directo al proceso electoral, señalando su efecto adverso en la confianza en la institucionalidad democrática. La paralización del proceso del TREP no solo demoró la organización electoral, sino que también fortaleció la percepción de que se busca crear condiciones para alterar los resultados.
Además, se han documentado casos de presión ejercida por grupos relacionados con LIBRE, que incluyen incursiones en el Congreso Nacional y otras instituciones del estado. Estos acontecimientos, en su conjunto, han sido vistos por grupos opositores como una estrategia destinada a debilitar la independencia del CNE y facilitar su eventual dominio político.
Peligros de la acumulación de poder en la entidad electoral
La posibilidad de que los suplentes del CNE, afines al partido de gobierno, asuman funciones, en caso de inhabilitación de las consejeras actuales, ha encendido las alarmas entre actores políticos que consideran que esta sustitución socavaría la pluralidad del órgano electoral. Desde el Congreso Nacional y espacios de análisis se ha advertido que un CNE sin contrapesos pondría en riesgo la imparcialidad del proceso electoral.
Algunas voces han solicitado la intervención de organismos internacionales para monitorear las decisiones institucionales relacionadas con el proceso y garantizar condiciones equitativas de competencia. También se ha denunciado un presunto uso instrumental de otras instituciones del Estado, como el Ministerio Público y el Poder Legislativo, para favorecer el alineamiento del CNE con los intereses del oficialismo.
Estas presiones han llevado a múltiples sectores a solicitar un fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y monitoreo electoral, frente a lo que perciben como un riesgo creciente para la integridad del proceso democrático.
Cargos de información errónea y manipulación del votante
Otro eje de crítica contra LIBRE se refiere a la divulgación de encuestas consideradas falsas o manipuladas que proyectan una amplia ventaja de la precandidata oficialista Rixi Moncada. Varias de estas mediciones han sido desmentidas por las propias firmas encuestadoras, quienes han denunciado el uso indebido de sus nombres y metodologías.
La divulgación de estas encuestas se ha visto como una táctica para influir en la opinión pública y promover la noción de una victoria asegurada, lo cual, según sectores opositores, intenta influir en el desenlace de las elecciones y restar legitimidad a una posible pérdida. Este tipo de acciones ha intensificado la atmósfera de escepticismo que rodea al proceso electoral.
En un escenario ya caracterizado por el deterioro del diálogo político y la polarización institucional, la difusión de información falsa se ha transformado en un elemento adicional de inestabilidad, con posibles consecuencias en la participación ciudadana y la aceptación de los resultados.
Una situación preelectoral caracterizada por la falta de confianza
La mezcla de obstáculos institucionales, conflictos por el dominio del CNE y estrategias de desinformación ha puesto al proceso electoral en Honduras en un estado de gran vulnerabilidad. Las alertas sobre una posible crisis en la gobernabilidad reflejan la intensidad de las tensiones políticas en un entorno donde la estructura institucional está sometida a presión y los mecanismos de acuerdo siguen bloqueados.
En menos de cinco meses para las elecciones generales, el entorno presenta obstáculos significativos para la confianza en el sistema electoral y la estabilidad nacional. En esta situación, la atención se centra en la habilidad de los actores políticos e institucionales para restablecer las condiciones mínimas de confianza y garantizar un proceso electoral legítimo y transparente.
