A menos de cinco meses de las elecciones generales en Honduras, la participación de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en el proceso electoral sigue siendo motivo de debate. Su papel constitucional es garantizar la seguridad, custodia y transporte del material electoral, así como la protección de los centros de votación se enfrenta a crecientes cuestionamientos, alimentados por fallos recientes y un contexto de desconfianza institucional.
Pronunciamientos formales y compromisos institucionales
Altos mandos del Ejército han reafirmado públicamente su adhesión a los principios constitucionales de neutralidad y apoyo a la democracia. El general Roosevelt Hernández, en representación de la cúpula militar, reiteró el compromiso de las FF. AA. de garantizar un proceso electoral “limpio, transparente y seguro”, enfatizando el carácter apolítico y no deliberante de la institución castrense.
Desde la Secretaría de Defensa también se ha insistido en que el Ejército actuará bajo las órdenes del Consejo Nacional Electoral (CNE), tal como establece la Constitución. En ese sentido, durante el periodo electoral, las FF. AA. deben separarse operativamente del Poder Ejecutivo para concentrarse exclusivamente en su misión de resguardo del proceso.
Opiniones negativas debido a errores en logística y eventos pasados
A pesar de los comunicados oficiales, diversos sectores han cuestionado la habilidad de las Fuerzas Armadas para asegurar un proceso electoral sin problemas. Durante las elecciones primarias de marzo de 2025, se informó de demoras de hasta cinco horas en la distribución del material electoral en ciudades importantes como San Pedro Sula y Tegucigalpa. Los problemas logísticos fueron responsabilizados tanto al liderazgo militar como a la ministra de Defensa, Rixi Moncada, lo cual provocó una serie de críticas por parte de la oposición y organizaciones de la sociedad civil.
Estos sucesos reabrieron la discusión sobre la capacidad del Ejército para manejar responsabilidades en actividades electorales y renovaron las críticas sobre su autonomía. Expertos alertan que, si no se solucionan los errores mostrados en las elecciones primarias, podrían surgir inconvenientes similares el 30 de noviembre, poniendo en riesgo la confianza del público en las organizaciones responsables del proceso democrático.
Tensiones institucionales y riesgo de politización
La controversia ha tocado igualmente al discurso oficial. Especialistas indican que grupos pro-gubernamentales han procurado restar importancia a la responsabilidad de las FF. AA. en los fallos logísticos de marzo, fomentando un relato dirigido a mantener la reputación de la entidad militar. Esta actitud ha coincidido con una creciente falta de confianza en el CNE, cuyas habilidades técnicas y directrices han sido cuestionadas por su gestión del cronograma electoral y su vínculo con el Ejecutivo.
En este contexto, el rol de las FF. AA. se vuelve aún más delicado. Si bien su mandato constitucional les impide deliberar o intervenir en asuntos políticos, la percepción pública sobre su imparcialidad se ve afectada por la politización del debate electoral. La presión aumenta a medida que se aproxima la fecha de los comicios, en medio de un clima de polarización y cuestionamientos a la institucionalidad democrática.
Un reto para la validez de las elecciones
La intervención de las Fuerzas Armadas en las elecciones de noviembre constituye un aspecto esencial para la credibilidad del proceso electoral en Honduras. A pesar de que la Constitución les otorga un papel operativo bien definido, los problemas logísticos previos y la desconfianza en el sistema electoral sitúan a la institución militar en una situación complicada.
En un país con altos niveles de polarización política y frágil institucionalidad democrática, el desempeño de las FF. AA. durante los comicios podría influir decisivamente en la percepción de legitimidad del resultado electoral. La transparencia operativa y el respeto estricto al mandato constitucional serán claves para evitar mayores tensiones y preservar la estabilidad democrática en un año electoral decisivo.
