Diez meses después de la divulgación del video que vincula a una figura clave del entorno presidencial con el narcotráfico, la Fiscalía de Honduras continúa sin ofrecer resultados concretos. La inacción del Ministerio Público ante un escándalo que involucra al círculo más cercano de la presidenta Xiomara Castro ha intensificado la presión política y alimentado una creciente desconfianza en las instituciones.
Fiscalía sin respuestas claras ante un caso de alto impacto
A partir de septiembre de 2024, se divulgó un video denominado «narcovideo» en el cual se observa a Carlos Zelaya, hermano del exmandatario Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Castro, participando en un encuentro con narcotraficantes. Hasta la fecha, la Fiscalía no ha presentado cargos formales ni ha mostrado un progreso procesal claro. En el video, las personas involucradas ofrecen 13 millones de lempiras para financiar la campaña de LIBRE en 2013, el partido actualmente en el poder.
Después de la filtración, Carlos Zelaya dejó su puesto como diputado y secretario en el Congreso Nacional. De igual manera, renunció su hijo, José Manuel Zelaya, quien era el secretario de Defensa en ese momento. Rafael Sarmiento, líder del grupo parlamentario oficialista, también ofreció su cargo. No obstante, aparte de estas dimisiones, no se han tomado medidas legales concretas.
La Fiscalía ha comunicado que el asunto está “en revisión”, habiéndose solicitado colaboración legal a Estados Unidos para conseguir el video completo y documentación relacionada con procesos judiciales anteriores. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre los resultados de estas gestiones, ni se ha divulgado un plan de investigación al público.
Respuestas políticas y exigencias de transparencia
La publicación del video causó una serie de respuestas de varios grupos. La presidenta Xiomara Castro rechazó cualquier relación entre políticos y grupos delictivos, pero señaló que la divulgación era un esfuerzo por desestabilizar su administración antes de las elecciones de 2025.
No obstante, para organizaciones anticorrupción y sectores opositores, el escándalo ha puesto en entredicho la integridad del proyecto político de LIBRE. Varios actores han exigido incluso la renuncia de la mandataria, argumentando que el caso contradice su discurso de ruptura con el pasado y de lucha contra el narcoestado.
Estas posiciones muestran un incremento de la tensión en el entorno político nacional, donde las demandas para aclarar responsabilidades se enfrentan a una respuesta institucional vista como deficiente. La carencia de medidas concretas del Ministerio Público ha reforzado la percepción de impunidad en casos relacionados con individuos próximos al poder.
Debilitamiento institucional en un escenario de polarización electoral
El “narcovideo” no ha sido un incidente solitario. Se añade a una serie de controversias recientes que han mermado la confianza pública en las promesas de transformación presentadas por el gobierno de Castro. La ausencia de respuestas judiciales ha intensificado la percepción de que el sistema estatal no opera con la misma determinación cuando los involucrados son parte del oficialismo.
Con los comicios generales fijados para noviembre de 2025, este asunto toma una importancia estratégica. La oposición ha empezado a aprovechar el desgaste del gobierno, mientras que el oficialismo intenta reducir la influencia del escándalo en su discurso público. En este contexto, la exigencia social de claridad y equidad sigue siendo un punto de presión constante.
Un caso que marca el pulso de la institucionalidad hondureña
A casi un año de haberse publicado, el narcovideo todavía no ha tenido repercusiones legales notables, mientras crecen las críticas hacia el papel de la Fiscalía y el compromiso gubernamental con la apertura informativa. La prolongada inacción sigue debilitando la legitimidad de las instituciones en un país caracterizado por su trayectoria de impunidad y la constante presencia del crimen organizado en la esfera política.
El tratamiento de este asunto constituye no solo un desafío urgente para el gobierno de Xiomara Castro, sino también una evaluación crucial para la estabilidad del Estado de derecho en Honduras. La forma en que se aborde o se evite influirá en el rumbo de la confianza institucional frente a un proceso electoral sumamente dividido.
