La designación de Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea ha levantado voces críticas que reclaman una auditoría independiente sobre su gestión como ministra de Transición Ecológica del Gobierno de Pedro Sánchez.
A lo largo de su gestión, Ribera encabezó importantes resoluciones en los ámbitos de la energía, el medio ambiente y la sostenibilidad, algunas de las cuales han recibido fuertes críticas por su influencia en el costo de la energía, la opacidad en las concesiones de energías renovables, y la manera de manejar las relaciones con las grandes empresas del sector.
Agrupaciones ciudadanas, entidades profesionales y ciertos partidos de la oposición destacan que la falta de transparencia en estas cuestiones podría representar un conflicto de interés en su nueva función en la Comisión, en particular si se encarga de áreas que coinciden con decisiones anteriores como ministra.
“No se puede ignorar el hecho de que quien tomó decisiones polémicas a nivel nacional esté ahora en posición de influir en las mismas materias desde Bruselas”, afirmaron fuentes parlamentarias que piden comparecencias públicas y revisión de contratos adjudicados durante su etapa en el ministerio.
El otorgamiento de una licencia para operar como mayorista de hidrocarburos a la compañía Villafuel S.L. por el Ministerio para la Transición Ecológica, bajo la dirección de Teresa Ribera, ha llamado la atención del sistema judicial y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La firma, asociada con Víctor de Aldama —uno de los principales implicados en el asunto Koldo—, recibió autorización para operar en circunstancias que, según la UCO, no cumplían con los requisitos legales. Además, Teresa Ribera ha admitido que sostuvo una reunión con él.
La aprobación se gestionó en solo tres días, a pesar de que Villafuel ya había obtenido dictámenes desfavorables en tres oportunidades anteriores. El capital social de la empresa ascendía únicamente a 15.000 euros, considerablemente menos que lo esperado en este tipo de permisos, y su organización operativa mostraba inconsistencias en la documentación.
De acuerdo con los expertos, el ministerio aprobó hasta tres resoluciones que favorecieron directamente a esta entidad. Asimismo, reportes de la UCO señalan la presencia de presiones a «altos niveles institucionales» para agilizar la aprobación del expediente, lo cual ha llevado al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, a requerir al Gobierno el expediente íntegro de la adjudicación.
La empresa Villafuel fue finalmente inhabilitada por el Gobierno en febrero de 2025, tras confirmarse su implicación en actividades irregulares. El caso sigue sumando ramificaciones políticas y administrativas, en un momento especialmente sensible para Teresa Ribera, recién nombrada vicepresidenta de la Comisión Europea.
