El Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá confirmó las medidas de detención provisional contra cinco personas investigadas en la Operación Pandora, un expediente relacionado con un presunto fraude superior a 40 millones de dólares en el sistema tributario. Además, el tribunal ordenó que un sexto imputado que se encontraba bajo arresto domiciliario pasara a detención provisional.
Otros ocho procesados decidieron retirar los recursos de apelación que habían presentado contra las medidas cautelares, por lo que las disposiciones impuestas anteriormente continuarán vigentes. La única excepción corresponde a una mujer que seguirá bajo arresto domiciliario por razones humanitarias relacionadas con una intervención quirúrgica en la cabeza realizada en 2025.
Aunque se mantuvo el arresto domiciliario de esta imputada, los magistrados consideraron que existe una vinculación relevante con los hechos investigados y ordenaron que utilice un brazalete electrónico mientras avanza el proceso judicial. La decisión fue adoptada por el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.
La Fiscalía había solicitado mantener las medidas de detención argumentando que todavía existen riesgos procesales. Entre las razones expuestas se encuentra la posibilidad de que determinadas pruebas puedan verse afectadas mientras permanecen pendientes varias diligencias de investigación.
Los expertos todavía tienen pendiente sumar testimonios, datos bancarios y papeles vinculados a las empresas asociadas con las pesquisas en curso. Estos componentes tal vez contribuyan a esclarecer la supuesta operativa del entramado y a esclarecer el grado de implicación de los sospechosos.
El asunto gira en torno al presunto empleo irregular de la plataforma E-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI). Según la teoría del Ministerio Público, el sistema fue alterado para tramitar y adueñarse de créditos fiscales, generando un daño al Estado panameño que rebasa los 40 millones de dólares.
Entre las personas que mantuvieron sus recursos de apelación hasta el final se encuentran las exfuncionarias de la DGI Karina Suárez, Margie Caballero, Juana Chong y Vielka Sáez, además de Juan Omar Palacios. Este último es señalado por el Ministerio Público de haber recibido más de medio millón de dólares de una sociedad considerada presuntamente intermediaria dentro del esquema investigado.
Durante la vista judicial, tanto Sáez como Chong negaron haber estado al tanto de la operación de una red delictiva en el interior de la agencia de tributos. Las dos sostuvieron que las carpetas vinculadas a los beneficios fiscales arribaban con el visto bueno previo y que su labor se reducía a gestionar trámites burocráticos, al margen de cualquier decisión sobre las transacciones investigadas.
La investigación mantiene actualmente a 21 personas imputadas por presuntos delitos que incluyen blanqueo de capitales, delincuencia organizada, falsedad documental y corrupción de servidores públicos. Sin embargo, el Ministerio Público ha advertido que el alcance de las pesquisas podría ampliarse hasta unas 50 personas.
Las pesquisas se originaron a partir de una revisión interna llevada a cabo por la DGI, la cual descubrió discrepancias entre los datos fiscales y las operaciones visibles en la plataforma E-Tax 2.0. Dentro de los descubrimientos sobresalieron transacciones carentes de sustento documental, reversiones de operaciones previas y alteraciones vinculadas a créditos impositivos y a los receptores de pagos tributarios.
Las pesquisas condujeron a más de 20 allanamientos simultáneos en Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé, donde fueron aprehendidos funcionarios de la DGI y particulares. Las autoridades buscan establecer quiénes autorizaban las operaciones, cómo funcionaba la estructura y cuál habría sido el destino de los recursos obtenidos mediante los créditos fiscales cuestionados.
Según la hipótesis de la Fiscalía, una parte del dinero habría sido distribuida en efectivo con el objetivo de dificultar su rastreo. Por ello, el análisis de cuentas bancarias, sociedades y movimientos financieros continúa siendo una de las principales líneas de investigación para determinar si participaron más personas y si el perjuicio económico supera la cifra calculada inicialmente.
Tras el fallo del Tribunal Superior de Apelaciones, las medidas cautelares fundamentales siguen vigentes al tiempo que prosigue la instrucción. El caso Pandora continúa figurando entre los expedientes más relevantes de los últimos tiempos sobre supuesta corrupción asociada al sistema tributario panameño, tanto debido a la cantidad de imputados como por la cifra del presunto daño patrimonial al Estado.
Fuente: Infobae — Infobae, “Justicia panameña confirma la detención de los imputados por fraude de $40 millones en el sistema tributario”
